El Senado aprobó la reforma al sistema político impulsada por el Gobierno, con 37 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, despachando la iniciativa a la Cámara de Diputados. El proyecto busca enfrentar la fragmentación del Congreso y fortalecer la gobernabilidad mediante mayores exigencias a partidos políticos y candidaturas.
Desde partidos pequeños e independientes surgieron críticas que calificaron la iniciativa como una nueva “ley de amarre”, acusando que eleva barreras de entrada y favorece a los partidos tradicionales. Parlamentarios como Jaime Mulet y Félix González advirtieron que la norma limitaría la competencia política y la igualdad ante la ley.
Y es que la reforma establece que los partidos deberán reunir al menos el 0,5% del padrón electoral para constituirse, estar presentes en ocho regiones discontinuas, y perderán financiamiento público si no participan en elecciones parlamentarias. Además, se reconoce legalmente a los comités parlamentarios y se regulan sus funciones.
Pese a estas objeciones y a estrategias para dilatar o frenar su tramitación, como intentos de derivarla a otras comisiones y retrasar su discusión, la reforma fue aprobada en el Senado. El Gobierno defendió el avance y anunció que seguirá dialogando para lograr su aprobación en la Cámara Baja.